La Ley de Bebidas Alcohólicas y Hostelería (Drank- en Horecawet, DHW) constituye uno de los instrumentos legislativos más relevantes en los Países Bajos para el mantenimiento del orden público y la seguridad. Su objetivo principal es regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, al mismo tiempo que somete la gestión de los establecimientos de hostelería a un riguroso marco de supervisión. Esta supervisión no es meramente administrativa; resulta esencial para proteger a la sociedad de las consecuencias directas e indirectas del consumo excesivo de alcohol, tales como la violencia, el vandalismo y otras formas de alteración social. Los gestores de los locales tienen una responsabilidad especial, ya que sus acciones influyen directamente en el espacio público y en la seguridad de los clientes. El incumplimiento de las disposiciones legales puede derivar no solo en sanciones administrativas, sino también en graves repercusiones para la comunidad, donde ciudadanos y visitantes sufren daños directos como consecuencia de políticas negligentes o riesgosas.
En el contexto de la criminalidad organizada y la erosión del Estado de derecho, la DHW actúa también como un instrumento crucial para contrarrestar vulnerabilidades sociales. Los establecimientos de hostelería son, con frecuencia, puntos de acceso para actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas y el blanqueo de dinero. Al aplicar requisitos estrictos para la obtención de licencias, un control exhaustivo y un marco sancionador claro, la ley permite prevenir la infiltración de influencias indeseadas en la sociedad. Al mismo tiempo, protege los derechos legales, subrayando la importancia de una aplicación proporcional y evaluaciones cuidadosas. Los gestores que incumplen la ley no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que también pueden generar víctimas entre los clientes o vecinos afectados por su negligencia. La DHW faculta a las autoridades locales para actuar de manera rápida y efectiva, lo cual resulta esencial en una sociedad donde los disturbios del orden y las actividades ilícitas adoptan formas cada vez más complejas.
Base legal y autoridad competente
La Ley de Bebidas Alcohólicas y Hostelería se fundamenta en una normativa nacional que regula explícitamente las competencias de las autoridades municipales. El alcalde actúa como la autoridad principal, dentro del marco legal establecido por el artículo 174 de la Ley Municipal relativo a los establecimientos públicos. Esto implica que toda acción relativa a la concesión de licencias, supervisión y aplicación de la ley está directamente vinculada a la protección del orden público y la seguridad. Explorar un establecimiento sin licencia está estrictamente prohibido y las infracciones pueden derivar en procedimientos administrativos o penales. El consejo municipal puede establecer normas complementarias a través de la Ordenanza General Local (APV), permitiendo adaptar la legislación nacional a los riesgos y dinámicas específicos del municipio. La ejecución descentralizada garantiza una acción efectiva según el contexto local, mientras que la policía y los inspectores prestan apoyo para asegurar el cumplimiento.
El alcalde dispone de un amplio abanico de herramientas de actuación, incluyendo la imposición de sanciones administrativas, la suspensión o revocación de licencias y la aplicación de medidas coercitivas o requerimientos económicos. Estas competencias son esenciales para corregir a los operadores que no cumplen los requisitos legales y ponen en peligro el orden público. En casos extremos de infracciones persistentes, el alcalde puede intervenir para cerrar de inmediato el establecimiento, protegiendo a la sociedad de los riesgos derivados de prácticas inapropiadas en los locales de hostelería. Es fundamental que estas medidas se apliquen de manera proporcionada y cuidadosa, equilibrando los intereses del operador con la necesidad de mantener el orden público y la seguridad.
La DHW también tiene un efecto preventivo. Obligar a la obtención de licencias y evaluar la fiabilidad y competencia de los responsables constituye un primer filtro para excluir del sector a sujetos no confiables. Esta verificación preventiva protege tanto a los consumidores como a la sociedad de los riesgos asociados a actividades delictivas o a una gestión negligente. La combinación de supervisión descentralizada y estándares nacionales permite a los municipios mantener un equilibrio adecuado entre la libertad empresarial y la seguridad colectiva, esencial para prevenir incidentes que puedan causar daños directos o indirectos a los ciudadanos.
La ley también contempla la cooperación entre diversas autoridades, con la policía, la fiscalía y los inspectores municipales trabajando conjuntamente para combatir las infracciones. Este mecanismo de supervisión integrado refuerza la aplicación de la ley y aumenta la posibilidad de intervención temprana, previniendo posibles escaladas. La combinación de evaluaciones preventivas, control riguroso y sanciones rápidas convierte a la DHW en un instrumento jurídico sólido para mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos, con especial énfasis en prevenir la infiltración criminal y proteger a la sociedad de los efectos negativos de las malas prácticas relacionadas con el alcohol.
Concesión de licencias
La concesión de licencias bajo la DHW requiere que cada operador de un local o de una tienda de bebidas alcohólicas cumpla con criterios estrictos. Obtener una licencia no es una mera formalidad administrativa, sino un proceso complejo que sitúa la fiabilidad y competencia del responsable en el centro de la evaluación. Los municipios revisan los antecedentes para garantizar que las personas responsables no hayan violado la ley previamente y no representen un riesgo para el orden público o la seguridad. Esta evaluación se aplica no solo a nivel individual, sino también a la organización en su conjunto, considerando las infracciones previas o revocaciones de licencias como factores relevantes. Si un operador o responsable no cumple con estos requisitos, la solicitud puede ser denegada conforme a la Ley General de Procedimiento Administrativo (Awb).
La licencia está vinculada tanto al lugar como al operador, lo que significa que cada establecimiento debe ser evaluado de forma individual. Esto permite al municipio aplicar medidas específicas en áreas donde existen riesgos particulares, como zonas con concentración de locales de ocio o barrios residenciales vulnerables. La APV puede establecer requisitos adicionales, como horarios de cierre o medidas contra molestias, integrando la política local en la legislación nacional. La transparencia del registro de licencias fomenta el control social, permitiendo a los vecinos y autoridades conocer quién está autorizado a vender alcohol y bajo qué condiciones.
El proceso de concesión de licencias también sirve como instrumento de protección de la sociedad contra la infiltración criminal. Al exigir criterios estrictos para los responsables y los locales, se evita que los establecimientos se conviertan en refugios de actividades ilícitas. El énfasis en la fiabilidad y competencia impide la entrada en el sector de personas involucradas en infracciones graves o actividades criminales previas. De este modo, el sistema de licencias contribuye directamente a reducir los riesgos para los visitantes, el personal y los vecinos, garantizando al mismo tiempo la integridad del sector de la hostelería.
Suspensión y revocación
La suspensión o revocación de una licencia es un instrumento significativo a disposición del alcalde en caso de infracción de la DHW. La revocación se utiliza principalmente en presencia de problemas estructurales que amenazan el orden público o la seguridad, incluyendo infracciones repetidas de las normas sobre alcohol o incidentes graves en el establecimiento, como actos de violencia o molestias. La suspensión, por su parte, se aplica como medida temporal para infracciones menores, con una duración máxima de doce semanas. Ambas decisiones se rigen por la Awb, permitiendo a las partes interesadas presentar recurso. La aplicación de la suspensión o revocación debe ser siempre proporcional y cuidadosa, considerando la gravedad de la infracción, su impacto social y la responsabilidad del operador.
Además de la protección inmediata del orden público, la posibilidad de suspensión o revocación tiene un efecto preventivo. La amenaza de estas medidas incentiva a los operadores a cumplir las normas legales, limitando activamente las situaciones de riesgo en los locales. En casos extremos, el alcalde puede recurrir a la ejecución administrativa para imponer el cierre inmediato, constituyendo una herramienta poderosa contra establecimientos que ponen gravemente en peligro la seguridad de visitantes y vecinos. La combinación de suspensión, revocación y medidas coercitivas permite intervenir rápidamente frente a amenazas inminentes o problemas persistentes, esencial para prevenir escaladas en locales de alto riesgo.
El principio de proporcionalidad es fundamental en la aplicación de la suspensión y revocación. Los operadores no deben ser penalizados de manera excesiva por infracciones menores, pero la protección de la sociedad debe prevalecer ante graves alteraciones del orden. El equilibrio entre libertad empresarial y seguridad colectiva es complejo, ya que cada decisión afecta directamente al operador, su personal y los visitantes. Una correcta aplicación de este instrumento garantiza que la ley proteja a la sociedad sin vulnerar injustamente los derechos legales de los operadores, manteniendo al mismo tiempo el orden público.
Política local y reglamento
La política local sobre el alcohol constituye una herramienta indispensable para aplicar de manera eficaz las disposiciones nacionales de la Drank- en Horecawet en el contexto específico de un municipio. El consejo municipal está obligado a establecer un reglamento que incluya normas sobre actividades paracomerciales, días y horarios de suministro de alcohol, y la distinción según el tipo de organización. Los clubes deportivos, asociaciones estudiantiles y centros comunitarios pueden ser regulados individualmente, permitiendo así medidas adaptadas a los riesgos y necesidades locales. La política municipal también ofrece al alcalde la posibilidad de conceder autorizaciones temporales, hasta un máximo de doce días al año, proporcionando flexibilidad sin comprometer el orden público ni la seguridad.
El reglamento puede incluir además normas específicas sobre promociones y acciones comerciales, como los “happy hours,” lo que permite a los municipios intervenir para prevenir molestias relacionadas con el alcohol. Esto proporciona a las autoridades locales herramientas para actuar de manera proactiva ante situaciones que puedan conducir a una escalada, como el consumo excesivo de alcohol en un corto período de tiempo. Estableciendo un marco claro por parte del consejo y ejecutándolo a través del alcalde, se garantiza una aplicación coherente y eficaz, permitiendo a los operadores y visitantes conocer las normas vigentes y los riesgos asociados al incumplimiento.
La política municipal también tiene un carácter preventivo frente a actividades de socavamiento social. Al vincular la normativa local con la supervisión y la aplicación de la ley, se puede intervenir de manera temprana ante posibles infracciones que presenten riesgos para el orden público. La distinción entre diferentes tipos de organizaciones permite prestar atención a grupos vulnerables y lugares de riesgo, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la vida asociativa. La integración de la normativa local, la supervisión y las sanciones crea un mecanismo sólido para gestionar riesgos y prevenir incidentes con impacto social.
Orden público y seguridad
La Drank- en Horecawet no tiene únicamente fines sanitarios, sino que constituye principalmente un instrumento de protección del orden público y la seguridad. Los establecimientos de hostelería representan entornos de riesgo en los que el consumo de alcohol puede provocar escaladas de violencia, vandalismo y otras perturbaciones del orden público. El alcalde tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro dentro y alrededor de estos lugares. En caso de incidentes estructurales, esto puede dar lugar a la retirada de licencias o al cierre temporal mediante medidas administrativas coercitivas. La supervisión del cumplimiento es intensiva y requiere estrecha colaboración entre la policía, los inspectores municipales, el Ministerio Público y las autoridades sanitarias, como la GGD.
En este contexto, las normas sobre alcohol no son solo preventivas para la salud pública, sino que buscan explícitamente evitar la escalada de conflictos y la alteración del orden público. En las zonas de ocio con alta concentración de locales, la aplicación de la ley es intensa, con controles dirigidos, inspecciones y sanciones para reducir riesgos. Los operadores negligentes o infractores representan una amenaza directa para la seguridad de los visitantes y residentes, ya que sus acciones u omisiones pueden causar daños sociales. La intervención del alcalde y de los inspectores es, por tanto, crucial para mantener un clima social seguro.
La ley permite abordar problemas estructurales mediante medidas como cierres temporales o prohibiciones de venta, y proporciona un mecanismo de intervención rápida ante amenazas agudas. Este conjunto de herramientas de control contribuye a minimizar los riesgos derivados de prácticas indebidas relacionadas con el alcohol y de actividades de socavamiento social, como el tráfico de drogas o la delincuencia organizada que podría manifestarse en el sector de la hostelería. Se pone énfasis en la proporcionalidad y la diligencia, garantizando la eficacia de las medidas sin comprometer innecesariamente la protección legal de los operadores.
Actividades paracomerciales
Las actividades paracomerciales, como las de clubes deportivos, asociaciones estudiantiles y centros comunitarios, también están sujetas a la supervisión de la Drank- en Horecawet, con regulación local específica a través del reglamento municipal. Estas normas abarcan horarios de apertura, suministro de alcohol y los grupos a los que se puede proporcionar alcohol. Los alcaldes pueden conceder autorizaciones temporales, pero se requiere un cumplimiento estricto para prevenir molestias y abusos de alcohol. La supervisión la llevan a cabo agentes municipales (BOA) y la policía, con especial atención a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden público.
La política relativa a las actividades paracomerciales requiere un delicado equilibrio entre el fomento de la vida asociativa y la protección de la sociedad frente a incidentes y actividades de socavamiento. Estableciendo marcos claros y garantizando la supervisión, la explotación de locales paracomerciales se regula sin limitar completamente la vida asociativa. Al mismo tiempo, las infracciones repetidas o graves pueden dar lugar a intervenciones, como la retirada de licencias, el cierre temporal u otras sanciones, asegurando el equilibrio entre libertad y seguridad.
Las actividades paracomerciales también pueden ser una vía para actividades de riesgo si faltan supervisión y regulación. La aplicación estricta y las medidas preventivas evitan que los jóvenes u otros grupos vulnerables se vean expuestos a molestias relacionadas con el alcohol o influencias delictivas. La política municipal actúa así como un instrumento de protección del orden público y prevención de daños sociales, centrando la responsabilidad en los operadores y asegurando que las infracciones sean sancionadas de manera consistente.
Protección jurídica
Las decisiones del alcalde sobre la concesión, retirada o suspensión de licencias constituyen actos administrativos en el marco de la Ley General de Procedimiento Administrativo (Awb), permitiendo que las partes interesadas recurran mediante procedimientos de oposición y apelación. Los operadores deben ser escuchados en decisiones importantes, garantizando el derecho a ser oído y el deber de diligencia. Los residentes u otras partes interesadas también pueden impugnar decisiones, y el juez examina la proporcionalidad, diligencia e interés general del orden público y la seguridad. En situaciones urgentes, pueden aplicarse medidas provisionales para permitir una intervención rápida sin comprometer la protección legal.
La protección jurídica también se extiende a la compensación por decisiones ilegales. Si una decisión del alcalde no se toma de manera proporcionada o diligente, los operadores pueden solicitar reparación. La revisión judicial incluye aspectos del derecho europeo, como el artículo 1 del Primer Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que protege los derechos de propiedad. Esto crea un equilibrio entre la necesidad de hacer cumplir la ley y los derechos de los implicados.
Esta protección constituye también un mecanismo de control y legitimidad de la política de supervisión. Al disponer de procedimientos de oposición y apelación, se evita que las decisiones se tomen de manera arbitraria o desproporcionada, garantizando al mismo tiempo la protección necesaria del orden público, la seguridad y la salud pública. La protección jurídica y la aplicación de la ley son complementarias y contribuyen a una política de alcohol socialmente responsable y jurídicamente correcta.
Sanciones y multas administrativas
El marco sancionador de la Drank- en Horecawet ofrece un amplio abanico de herramientas para que el alcalde castigue las infracciones. Las multas administrativas constituyen un instrumento directo y eficaz, cuyo importe depende de la gravedad de la infracción y del número de infracciones previas. Se aplican multas elevadas especialmente por la venta a menores de 18 años, reforzando el efecto preventivo de la política de respuesta inmediata. Además de las multas, el alcalde puede aplicar otras sanciones como órdenes coercitivas, ejecución forzosa, cierres temporales o prohibiciones de venta, según la naturaleza y gravedad de la infracción.
El objetivo de estas sanciones es doble: por un lado, restaurar el orden y proteger a la sociedad frente a los riesgos derivados del abuso de alcohol; por otro, disuadir a los operadores negligentes o poco fiables. La aplicación coherente de multas y otras medidas envía un mensaje claro de que las infracciones no quedarán sin consecuencias. Este sistema de control refuerza la integridad del sector de la hostelería, protege a los visitantes y previene que los locales se conviertan en puertas de entrada para actividades de socavamiento social o influencias criminales.
Las multas administrativas y otras sanciones también cumplen una importante función preventiva para todo el sector. El riesgo de graves consecuencias financieras, cierre temporal o prohibición de venta incentiva a los operadores a cumplir activamente la ley. Combinado con la supervisión, la concesión de licencias y la protección jurídica, constituye un marco sólido que salvaguarda el orden público y la seguridad en zonas urbanas y de riesgo. Esto no solo previene daños directos a visitantes y residentes, sino que también envía un mensaje amplio sobre la responsabilidad social de los operadores y su papel en la prevención de actividades de socavamiento social.
