Los stranded assets en sectores en declive y de alta intensidad de carbono representan un desafío cada vez más relevante en el ámbito financiero y jurídico, dado que la evolución de los mercados, el endurecimiento de las normativas y la creciente presión social erosionan profundamente las hipótesis económicas originales que sustentaban dichos activos. La transición hacia una economía baja en carbono ha provocado una depreciación acelerada —e incluso la pérdida de rentabilidad— de activos que anteriormente se consideraban estratégicos. Este cambio estructural sitúa a empresas, inversores y autoridades supervisoras frente a complejos retos de valoración, cuestiones de gobernanza y riesgos jurídicos que influyen de manera decisiva en la configuración de la información financiera, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. La interdependencia entre factores financieros, operativos y reputacionales implica, además, que un reconocimiento tardío o inexacto de las pérdidas de valor puede desencadenar reclamaciones significativas, medidas de supervisión y contratiempos estratégicos que pongan en peligro la continuidad de las empresas afectadas.
En este contexto, surge un entorno en el que la evaluación de activos en declive se somete cada vez más a criterios de transparencia, prudencia e integridad, impulsado por las crecientes expectativas de inversores institucionales, partes interesadas y autoridades reguladoras. Se reconoce de forma creciente que la gestión de dichos activos no es únicamente un ejercicio técnico-financiero, sino que exige un marco jurídico y ético que garantice procesos de toma de decisiones sólidos, verificables y defendibles. La ausencia de depreciaciones oportunas, la falta de modelización adecuada de los riesgos o la sobreestimación optimista de los flujos de caja futuros pueden generar acusaciones de mala gestión, engaño a los accionistas y vulneración de normas de supervisión y de información financiera. En consecuencia, la rigurosidad con la que se documentan y justifican las valoraciones, las transacciones y las estrategias de salida se convierte en un elemento esencial para limitar la exposición a riesgos de responsabilidad y litigio.
Acusaciones de mala gestión derivadas de depreciaciones inadecuadas de activos en declive
Las depreciaciones insuficientes de activos cuya viabilidad económica se ve comprometida por factores de mercado, avances tecnológicos o cambios de política pública originan, cada vez con mayor frecuencia, acusaciones de mala gestión. Cuando una empresa continúa basándose en criterios de valoración obsoletos o no refleja adecuadamente en sus informes financieros los cambios estructurales del mercado, puede generarse la percepción de que los administradores no han ejercido sus responsabilidades fiduciarias con la debida prudencia. Este riesgo es especialmente patente cuando indicadores como la disminución de los rendimientos, el deterioro de las proyecciones de flujo de caja o el aumento de los riesgos operativos no se traducen en ajustes contables oportunos.
La falta de depreciaciones a tiempo puede reforzar la impresión de que la información relevante sobre pérdidas de valor no se comunica de forma transparente a accionistas y otros grupos de interés. Esta percepción puede desencadenar auditorías forenses, investigaciones internas y una intensificación de la supervisión regulatoria destinada a determinar si la dirección ha actuado conforme a las normas de información financiera y los principios de gobernanza aplicables. Las consecuencias trascienden las simples correcciones financieras: la confianza en la fiabilidad del conjunto del sistema de información financiera puede verse comprometida, dando lugar a daños reputacionales y a posibles litigios.
Cuando las depreciaciones se reconocen finalmente pero resultan ser mucho mayores de lo previsto inicialmente, surge el riesgo adicional de que supervisores e inversores interpreten este retraso como un intento de aplazar el reconocimiento de pérdidas o eludir la vigilancia regulatoria. Ello incrementa la vulnerabilidad jurídica de empresas que operan en sectores donde la depreciación de activos ya no es coyuntural, sino estructural.
Riesgos de fraude en modelos de valoración estratégicamente ajustados para evitar la amortización
El ajuste estratégico de modelos de valoración con el objetivo de evitar amortizaciones genera riesgos significativos de fraude e integridad, especialmente cuando tales ajustes no se basan en parámetros económicos objetivos, sino en supuestos dirigidos principalmente a mantener artificialmente una posición contable favorable. La manipulación de tipos de descuento, la sobreestimación de valores residuales o la extensión injustificada de vidas útiles económicas puede suscitar serias dudas sobre la fiabilidad de los controles internos y la independencia de los procesos de valoración.
Estos riesgos se acentúan cuando las decisiones internas dependen excesivamente de previsiones directivas que no son sometidas a un escrutinio riguroso, o cuando los supuestos de valoración carecen de la documentación adecuada. En tales circunstancias, puede generarse un contexto en el que la influencia indebida sobre los resultados de las valoraciones se vuelve más probable, difuminando la frontera entre el optimismo legítimo y la representación engañosa de la realidad económica. Ello puede motivar a auditores y autoridades supervisoras a interpretar estas prácticas como indicios iniciales de manipulación contable.
Si posteriormente se demuestra que las valoraciones fueron sistemáticamente infladas sin fundamento económico válido, las empresas pueden enfrentarse a sospechas de fraude financiero. Las consecuencias pueden incluir investigaciones penales, acciones civiles y sanciones económicas significativas, además de restricciones en el acceso a la financiación y un deterioro reputacional duradero. Dichos riesgos resultan especialmente graves en sectores caracterizados por una elevada incertidumbre intrínseca en la valoración de activos.
Riesgos reputacionales y litigios vinculados a presunto apoyo ilícito a actividades de alta intensidad de carbono
Las empresas asociadas a un supuesto apoyo ilícito a actividades de alta intensidad de carbono se exponen a considerables riesgos reputacionales y litigiosos, especialmente en una etapa en la que inversores, reguladores y organizaciones de la sociedad civil ejercen una supervisión cada vez más estricta en materia de coherencia ESG y cumplimiento de los objetivos de transición climática. Cuando los flujos de capital o las decisiones estratégicas se interpretan como un respaldo a actividades potencialmente incompatibles con los compromisos de transición, las organizaciones pueden convertirse en objeto de intensa crítica pública y acciones legales.
Estos riesgos aumentan cuando surgen incoherencias entre la documentación interna y la comunicación externa, por ejemplo, cuando las ambiciones de sostenibilidad divulgadas no se corresponden con las decisiones reales de inversión o los comportamientos operativos. Tales discrepancias pueden dar lugar a acusaciones de engaño a los grupos de interés, provocando una erosión reputacional prolongada y una mayor exposición a intervenciones de accionistas activistas. La complejidad del panorama se intensifica dado que las definiciones internacionales de “actividad de alta intensidad de carbono” y de “apoyo lícito” varían considerablemente, elevando así los requisitos de cumplimiento.
La percepción de apoyo ilícito también puede desencadenar procedimientos basados en el derecho de competencia, en los regímenes de ayudas estatales o en el suministro engañoso de información, según la naturaleza de las conductas imputadas. Por ello, resulta esencial mantener estructuras de gobernanza robustas, marcos ESG coherentes e informes precisos, dado que incluso una apariencia de inconsistencia puede precipitar una escalada jurídica.
Posible corrupción en la renovación de licencias de operación en sectores en declive
En sectores en declive, donde los intereses económicos están sometidos a presión y el valor de los activos disminuye, el riesgo de corrupción asociado a la renovación de licencias de operación aumenta de manera significativa. La dependencia de dichas licencias para mantener la viabilidad operativa puede incentivar intentos de influir indebidamente en los responsables de la toma de decisiones por parte de entidades que afrontan pérdidas estructurales de valor. Estas prácticas pueden constituir graves infracciones de las leyes anticorrupción y de los estándares internacionales de cumplimiento.
El riesgo se intensifica cuando los procedimientos de concesión de licencias carecen de transparencia o cuando las autoridades competentes disponen de amplios márgenes de discrecionalidad. Las empresas ubicadas en jurisdicciones con capacidades institucionales limitadas o con mayores riesgos de integridad deben implementar exhaustivas medidas de mitigación. La ausencia de documentación de cumplimiento detallada, procesos de due diligence adecuados o programas de formación eficaces puede interpretarse como una deficiencia en la gobernanza, con consecuencias jurídicas y reputacionales significativas.
Si posteriormente se determina que las licencias fueron obtenidas o renovadas mediante influencia indebida, las sanciones pueden incluir fuertes multas, procesos penales o la revocación de los derechos operativos. Asimismo, los inversores pueden iniciar acciones de responsabilidad si no fueron debidamente informados sobre riesgos de corrupción con impacto material en el valor de su inversión. Esta interconexión de riesgos resalta la importancia de una supervisión minuciosa de las interacciones con las autoridades y del cumplimiento de los regímenes anticorrupción aplicables.
Vulneración de regímenes sancionadores en el comercio de activos legacy en regiones bajo embargo
El comercio de activos legacy situados en regiones bajo embargo, o vinculados a ellas, conlleva riesgos significativos en materia de cumplimiento de los regímenes internacionales de sanciones. Cuando dichos activos se venden, transfieren o explotan sin verificar rigurosamente su adecuación a los marcos sancionadores aplicables, pueden producirse infracciones graves que expongan a las empresas a procesos penales, sanciones civiles y posible exclusión de los mercados financieros.
La complejidad de los regímenes sancionadores —sujetos a revisiones frecuentes y aplicables a múltiples jurisdicciones— obliga a las empresas a llevar a cabo una exhaustiva due diligence antes de emprender transacciones relativas a activos ubicados en regiones geopolíticamente sensibles. La falta de claridad respecto a los beneficiarios finales, las estructuras de propiedad o las cadenas logísticas puede generar importantes riesgos de cumplimiento, especialmente cuando las contrapartes operan en mercados opacos o escasamente regulados.
Si posteriormente se demuestra que las transacciones infringieron las sanciones aplicables, las consecuencias jurídicas pueden ser significativas. Además de multas y medidas de supervisión, las empresas pueden enfrentar el congelamiento de activos, restricciones de acceso a los mercados y daños reputacionales que pueden comprometer su posición estratégica durante un periodo prolongado. Estas implicaciones subrayan la importancia crucial de una gestión rigurosa de los riesgos sancionadores en la desinversión de activos legacy ubicados en contextos sujetos a embargo.
Riesgos de blanqueo de capitales derivados de la venta de activos a intermediarios opacos
La venta de activos envejecidos a contrapartes con estructuras de propiedad o financiación poco transparentes genera un riesgo sustancial de exposición a prácticas de blanqueo de capitales. Este tipo de operaciones ocurre con frecuencia en mercados de los que los actores regulados se han retirado, dejando espacio para entidades menos visibles que buscan activamente activos infravalorados. Cuando las transacciones se realizan sin una verificación exhaustiva del origen de los fondos, de la identidad de los beneficiarios finales o de la integridad de los intermediarios involucrados, se crea un entorno propicio para que organizaciones criminales utilicen dichos activos con el fin de legitimar o encubrir ingresos ilícitos.
Este riesgo se ve agravado por el hecho de que los activos heredados suelen negociarse en mercados secundarios o informales donde la documentación, los informes y el cumplimiento de las normas financieras internacionales son considerablemente menos rigurosos. En tales circunstancias, es plausible que estructuras de precios inusuales, cadenas de propiedad complejas o mecanismos de financiación no conformes a las prácticas de mercado no sean detectados inmediatamente, aumentando así la probabilidad de que transacciones sospechosas pasen inadvertidas. Estos factores aumentan no solo la exposición a responsabilidades penales y civiles, sino que también pueden dar lugar a medidas de supervisión intrusivas o a la necesidad de revisar transacciones anteriores.
Cuando posteriormente se descubre que activos transferidos mediante estas operaciones estuvieron implicados en esquemas de blanqueo de capitales, la reacción de los organismos supervisores puede ser especialmente severa. La empresa puede ser sometida a auditorías forenses exhaustivas, investigaciones prolongadas y sanciones económicas significativas. Además, la confianza de financiadores e inversores institucionales puede verse gravemente afectada, limitando el acceso al capital y dificultando procesos de reestructuración estratégica. Controles sólidos contra el blanqueo de capitales, incluida la due diligence reforzada en relación con contrapartes de alto riesgo, resultan por ello indispensables en transacciones realizadas en sectores en declive.
Presión de gobernanza sobre metodologías de valoración transparentes y realistas
El creciente énfasis en metodologías de valoración transparentes, coherentes y fundamentadas en criterios prudentes ejerce una presión considerable sobre las estructuras de gobernanza de empresas que operan en sectores caracterizados por activos envejecidos. Las partes interesadas esperan que los modelos de valoración no solo sean técnicamente robustos, sino que también estén respaldados por un proceso decisorio equilibrado que garantice independencia, competencia e integridad. Cuando los órganos de administración no ejercen una supervisión adecuada sobre las hipótesis y metodologías subyacentes a las valoraciones, surge el riesgo de que los resultados se perciban como poco fiables o estratégicamente sesgados.
Esta presión se ve intensificada por el escrutinio cada vez más riguroso que ejercen auditores externos y autoridades supervisoras en relación con la manera en que las empresas abordan la incertidumbre en la valoración y los análisis de escenarios, especialmente en contextos donde los activos están expuestos a riesgos significativos de transición, de mercado u operativos. Cuando los procesos de valoración carecen de documentación suficiente o los mecanismos internos de revisión resultan inadecuados, ello puede dar lugar a observaciones críticas que afectan la calidad de la gobernanza y exigen medidas de seguimiento intensivas. Estas medidas pueden socavar la confianza en la dirección y obligar a la organización a llevar a cabo reformas profundas de sus sistemas de control interno.
La ausencia de metodologías de valoración transparentes puede también generar riesgos reputacionales sustanciales. En un entorno en el que inversores y actores sociales otorgan mayor importancia a la coherencia con criterios ESG, las discrepancias entre las valoraciones y los marcos más amplios de sostenibilidad son rápidamente identificadas. Ello puede desencadenar críticas públicas, dudas sobre la fiabilidad de la información divulgada y posibles reclamaciones por comunicaciones engañosas. Por consiguiente, prácticas de valoración transparentes, realistas y aplicadas de forma coherente constituyen un elemento esencial de una buena gobernanza en sectores donde los stranded assets representan un desafío estructural persistente.
Riesgos de investigaciones regulatorias por información financiera engañosa
Los sectores en los que los activos experimentan una disminución estructural de valor están cada vez más expuestos a un escrutinio intensificado respecto de la exactitud y la integridad de la información financiera. Cuando las pérdidas de valor no se reconocen de forma oportuna o cuando la información divulgada no ofrece una visión suficiente de los riesgos y supuestos subyacentes, existe un riesgo considerable de que las autoridades de supervisión inicien investigaciones por posible información engañosa o por incumplimiento de las normas contables. Estas investigaciones pueden abarcar tanto los estados financieros históricos como las estructuras de gobernanza responsables de la calidad de la información financiera.
Un aspecto central de dichas investigaciones es el grado en que los procesos internos de toma de decisiones en materia de valoración son transparentes, verificables y coherentes. Si los supervisores detectan indicios de que las cifras fueron presentadas intencionadamente de manera que distorsionara la verdadera situación financiera de la empresa, esto puede constituir una infracción grave de las normas de información financiera. Las consecuencias pueden incluir la reformulación de estados financieros, sanciones administrativas y, en los casos más graves, acciones penales. Asimismo, las autoridades pueden imponer requisitos adicionales en materia de controles internos, documentación y procesos de gobernanza, lo que conlleva obligaciones de cumplimiento prolongadas y un aumento de las cargas operativas.
Además de las implicaciones jurídicas, estas investigaciones pueden generar un daño reputacional significativo. La confianza de inversores, prestamistas y otras partes interesadas puede verse profundamente erosionada cuando surge la sospecha de que la información financiera no era plenamente fiable. En sectores ya presionados por transformaciones estructurales, esta pérdida de confianza puede limitar aún más la flexibilidad estratégica y dificultar el acceso a financiación. El cumplimiento riguroso de las normas contables y una comunicación proactiva y transparente sobre las incertidumbres en la valoración son, por tanto, fundamentales para mitigar estos riesgos.
Litigios contractuales sobre pasivos ocultos tras la enajenación de activos de alta intensidad de carbono
La enajenación de activos de alta intensidad de carbono conlleva un conjunto complejo de riesgos contractuales, especialmente cuando posteriormente se descubre que determinadas obligaciones, riesgos o contaminación ambiental no fueron plenamente divulgados o no se reflejaron adecuadamente en los términos de la operación. Tales pasivos ocultos pueden dar lugar a litigios significativos entre comprador y vendedor, con ambas partes invocando disposiciones contractuales relativas a garantías, indemnizaciones y obligaciones de información. En mercados donde las valoraciones están bajo presión, la sensibilidad a este tipo de disputas es particularmente elevada.
En el núcleo de estos litigios suele encontrarse la cuestión de si los riesgos relevantes eran suficientemente identificables en el momento de la transacción y si fueron adecuadamente reflejados en el precio o en la asignación contractual de riesgos. Cuando obligaciones medioambientales, costes de desmantelamiento o riesgos operativos a largo plazo resultan ser más onerosos de lo previsto, el comprador puede alegar haber sido inducido a error, haber recibido información incompleta o que se produjo un incumplimiento de las garantías contractuales. Ello puede desembocar en procedimientos arbitrales o judiciales que generan no solo consecuencias financieras, sino también tensiones sustanciales en las relaciones comerciales.
Si estos litigios se intensifican, pueden tener además repercusiones más amplias para el funcionamiento del mercado y la disposición de los inversores a participar en transacciones similares. Reclamaciones repetidas o de gran envergadura dentro de un sector pueden reforzar la percepción de que las operaciones con activos envejecidos comportan una elevada incertidumbre jurídica. Esto puede traducirse en primas de riesgo más elevadas, requisitos de due diligence más estrictos y estructuras contractuales más complejas, lo que ralentiza o dificulta la concreción de transacciones. La transparencia en la divulgación, un análisis riguroso de los riesgos y una redacción contractual precisa constituyen, por tanto, instrumentos esenciales para mitigar estos riesgos.
Erosión reputacional cuando las estrategias de retirada resultan incoherentes con las declaraciones ESG
Cuando las estrategias de retirada de activos envejecidos no se alinean con las declaraciones ESG previamente comunicadas, el riesgo de erosión reputacional se vuelve considerable. Las partes interesadas esperan que las ambiciones en materia de sostenibilidad vayan más allá de declaraciones simbólicas y que estén efectivamente integradas en los procesos de toma de decisiones estratégicas y en la ejecución operativa. Si la retirada efectiva de los activos —por ejemplo, mediante su venta a contrapartes sin perfil sostenible o mediante la continuación de actividades con elevadas emisiones— no concuerda con tales expectativas, la credibilidad de la empresa puede verse seriamente comprometida.
Estas incoherencias pueden dar lugar a críticas públicas, intervenciones de organizaciones sociales y una presión creciente por parte de inversores institucionales que buscan alinear sus carteras con trayectorias de transición sostenible. Cuando reguladores o actores del mercado sospechan que las declaraciones ESG fueron engañosas, pueden iniciarse investigaciones sobre un posible greenwashing. Ello conlleva no solo riesgos reputacionales, sino también posibles sanciones económicas u obligaciones adicionales de divulgación.
La erosión reputacional en este contexto puede afectar la valoración de la empresa, su acceso al capital y la disposición de las partes interesadas a mantener relaciones a largo plazo. En un mercado donde la transición sostenible es un eje central, la incoherencia entre comunicación y estrategia se percibe de forma especialmente crítica. Por ello, una estrategia de retirada cuidadosamente elaborada, comunicada con transparencia y ejecutada de manera coherente es esencial para limitar los riesgos reputacionales y preservar la confianza de los stakeholders a largo plazo.
